El pasado día 3 de diciembre se celebró el ‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’. Durante este día se trata de dar visibilidad a aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad. Según el último Censo oficial de personas con discapacidad en España, la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en 2007, el número de personas con discapacidad en España ascendía a unos 3,84 millones (lo que suponía un 8,5% de la población).
Este importante sector de la población lucha día a día por conseguir una vida lo más autónoma posible (acceder, moverse, integrarse y disfrutar de forma completa, segura y cómoda en cualquier ámbito). Según el Plan Nacional de Accesibilidad publicado en 2003, los principales problemas a los que se enfrentan son: problemas estructurales y de diseño urbano derivados de la falta de consideración de la accesibilidad en los planes urbanísticos (desniveles infranqueables, pendientes excesivas, dimensionamiento del acerado, etc.) y los proyectos de urbanización de la ciudad (disposición de mobiliario urbano y vegetación interrumpiendo itinerarios peatonales accesibles, pavimentación inadecuada, etc.), problemas de mantenimiento y problemas de incumplimiento cívico (ocupación de aceras por vehículos –coches, motos, bicis, patinetes eléctricos…-, terrazas, toldos, cartelería…).
Para conseguir dicho objetivo, más bien derecho, los espacios públicos deben cumplir una serie de requisitos, comenzando por la eliminación de barreras (o dicho de otro modo, garantizando la accesibilidad). La accesibilidad, conforme al Concepto Europeo de Accesibilidad (CCPT, 1996) es “una característica básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno construido”. Esta eliminación de barreras no solo favorecería a personas con una discapacidad permanente sino también a otros colectivos con limitaciones temporales de su autonomía (por edad, como niños o personas mayores, por alteración temporal del estado de salud por enfermedad, accidente, etc., o por diferentes circunstancias como madres en período de gestación…), beneficiando a un 40% de la población española. Tras el Real Decreto 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la supresión de barreras dejaba de ser el centro de las políticas a favor de la accesibilidad y se convierte en sólo una parte de una política más amplia, a favor de la integración y no discriminación de las personas con discapacidad.
Surge así otro concepto relacionado y muy extendido: el de Diseño Universal. Se trata de un término acuñado y definido por el arquitecto estadounidense Ronald L. Mace. Según la Declaración de Estocolmo (2004), el diseño universal tiene como objetivo “hacer posible que todas las personas dispongan de igualdad de oportunidades para participar en cada aspecto de la sociedad [para lo cual] el entorno construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la información […] deben ser accesibles y útiles para todos los miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la diversidad humana”.
Indudablemente, accesibilidad y diseño universal son temas de creciente interés, entre otros por el envejecimiento de la población (generando un amplio colectivo con importantes limitaciones funcionales). Así lo demuestra, por ejemplo, la proliferación de normativa que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que han de cumplir entornos, productos y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Ya en la práctica, todos hemos sido testigos de una de principales medidas a favor de la circulación de personas con movilidad reducida, muy extendida en todas las ciudades españolas: el rebaje de aceras en los pasos de peatones mediante suaves pendientes hacia la calzada. No obstante, el problema (en este caso solución) es mucho más complejo. Ese desnivel (impracticable para personas con movilidad reducida) funciona/ba como guía para determinadas personas con discapacidad visual reducida como separación entre el espacio peatonal y el motorizado, mientras que para otras suponen igualmente un problema (la incorporación de pavimentos táctiles y con contraste o color ayudan a advertir de un peligro a un alto porcentaje de personas con diferentes grados de discapacidad visual). En definitiva, las mejoras en accesibilidad para unos podrían estar comprometiendo la seguridad de otros (el uso de pavimentos de botones y vados en pendiente podría generar tropiezos y caídas para otras personas sin discapacidad visual – mayores que arrastran los pies- o la impracticabilidad para personas en silla de ruedas). Esta complejidad se acentúa con los diferentes grados de discapacidad que existen incluso dentro de un mismo colectivo (véase los diferentes grados de discapacidad visual: total, parcial, retinosis, pérdida de visión central o periférica, etc.).
Debemos pues avanzar hacia un urbanismo y una arquitectura más inclusivos, tratando de eliminar todas las formas de discriminación, donde en lugar de diseñar la ciudad para el Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci se tenga una visión integral de la diversidad funcional del ser humano (y conciencia de su dinamismo con el tiempo). De qué serviría un autobús de piso bajo y rampas de acceso así como asientos reservados para personas de movilidad reducida si no cuenta además con sistemas de información con audio o visuales para personas con estas capacidades. Así pues, se hace evidente que en los ámbitos de la planificación urbana y la arquitectura, además de conocer el marco normativo correspondiente en materia de accesibilidad y diseño universales, se cuente con la participación de las personas directamente involucradas, para conocer de primera mano sus necesidades e incluirlas en los diseños, logrando una concreción material óptima y adecuada útil a todas las personas. Y es que, en la era de las “smart cities”, no debemos olvidar que las ciudades no solamente se basan en infraestructuras tecnológicas, en el ahorro energético o en la sostenibilidad, sino que deberíamos ir hacia un nuevo concepto de ciudad, la “smart human city”, una ciudad diseñada pensando en la diversidad de sus ciudadanos y que realmente mejore su calidad de vida, donde los diferentes dispositivos tecnológicos sean accesibles a todos ellos.
Queda todavía camino por recorrer, que no sólo depende de los entes públicos, sino del conjunto de la sociedad: todos debemos favorecer y garantizar el derecho de cualquier ciudadano a la accesibilidad y la no discriminación. En concreto, desde nuestra profesión, es fundamental formar futuros arquitectos y urbanistas más conscientes y sensibles respecto a la diversidad humana. Mi experiencia como docente confirma que la sensibilización por parte del alumnado con la realidad de un colectivo social del que todos podemos formar parte y la toma de conciencia de su responsabilidad como futuros técnicos de incorporar criterios de accesibilidad en su vida profesional resulta realmente satisfactoria cuando los alumnos se enfrentan al reto de “ponerse en la piel” de personas con alguna discapacidad para conocer, de primera mano, sus problemas y dificultades e identificar las barreras arquitectónicas y urbanísticas del espacio público. Sin duda hay gran diferencia entre medir espacios, entrevistar a los usuarios y conocer su problemática, a enfrentarse personalmente a ella. Este tipo de actividades resulta igualmente útil a los alumnos para detectar que de nada sirve establecer unos determinados criterios de accesibilidad si no van de la mano de la sensibilización de toda la sociedad y de unas políticas de vigilancia para su cumplimiento. Así, mediante metodologías de vivencia-acción participativa donde se busca que los alumnos conozcan a fondo la problemática del sector social para el que diseñan, permite comprender el porqué de los estándares regulados en la normativa de accesibilidad. De esta manera, el estudiante la entiende y es capaz de aplicarla sin dificultad en proyectos. Finalmente, los estudiantes comprenden que la accesibilidad es un eje transversal en el que están implicados otros ejes que transforman la ciudad, como son el Urbanismo, la Movilidad, la Sostenibilidad, la Educación… Hacer ciudades y entornos más accesibles e intrusivos es trabajo conjunto tanto de las distintas áreas técnicas como de todos los agentes sociales implicados en el funcionamiento de la ciudad.
Pero como decía al principio, es fundamental el compromiso real de todos los ciudadanos. De nada sirve que desde nuestra profesión diseñemos espacios accesibles, si el resto de la sociedad no los respeta: los itinerarios dejan de ser accesibles cuando colocamos elementos de señalización o mobiliario urbano en las bandas de circulación, cuando las labores de limpieza y mantenimiento no son las adecuadas, cuando las obras (más o menos temporales, desde una escalera puntual hasta una zanja) no se señalizan o lo hacen de manera incorrecta, cuando aparcamos nuestros vehículos indebidamente o cuando para evitar esto se disponen elementos (bolardos) que reducen el ancho mínimo necesario para que una silla de ruedas pueda transitar dicho itinerario, cuando las terrazas de bares y restaurantes ocupan (y de manera incorrecta) más espacio del delimitado, cuando comercios y establecimientos sacan su cartelería a la calle y la localizan interrumpiendo la línea guía para personas con discapacidad visual, cuando utilizamos indebidamente espacios reservados a un colectivo con discapacidad, cuando abandonamos objetos en el espacio público… y en definitiva, cuando no denunciamos todas estas irregularidades.